Cuando a día de hoy se cumplen cinco meses del conflicto político en Honduras, la
Comunidad Internacional se encuentra aún dividida. El pasado 28 de junio, el
depuesto presidente Zelaya, quiso convocar una consulta popular para modificar la
Constitución. Aunque Zelaya se quedó sin saliva afirmando que su intención nunca
fue derogar el Art. 239 de la Constitución Hondureña, el cual dice, que quien
proponga una reforma de la prohibición de la reelección, deberá cesar de su cargo de
manera inmediata. Zelaya, llegó a afirmar que él se presentaría de nuevo a un
segundo mandato, sí así lo requería el pueblo.
Bien, tanto el Congreso Nacional, como la Corte Suprema así como el Tribunal
Superior Electoral, no sólo le avisaron que con la Ley vigente en la mano, esa
propuesta era ilegal. El presidente Zelaya, hizo caso omiso, pese a que el Congreso
Nacional cinco días antes, había elaborado una ley, por la cual, la consulta quedaba
completamente anulada. Zelaya, creyendo que la Comunidad Internacional le
apoyaría con una venda en los ojos, ordenó al Jefe del Estado Mayor General Vásquez
que repartiese las papeletas electorales, a lo que el general se negó amparándose en la
Ley vigente del momento. El general, fue relevado inmediatamente de su cargo, lo
que provocó la dimisión del Ministro de Defensa, así como de otros militares, que
entendieron que estaba acompañado de razón. Recuerdo la patética imagen del
depuesto presidente subido a una camioneta, rodeado de la muchedumbre
dirigiéndose hacia el cuartel militar, y tirando la puerta abajo, para hacerse a la fuerza
y con clara violación de la Ley, con las papeletas que cumpliendo con lo dictado
estaban custodiadas por el ejercito. Poco después se supo que el gobierno de Chávez,
estaba apoyando la consulta y la financiaba.
Dos días antes del supuesto golpe, la Corte Suprema pide al Ministerio que investigue
y un juez supremo acusa formalmente al depuesto presidente de los delitos de alta
traición a la patria, abuso de poder, entre otros. El mismo juez, autoriza la detención
del mismo, y el allanamiento de la morada presidencial. A partir de aquí, ¿qué hacer?.
¿ Encarcelarlo?. ¿ Retenerlo en un domicilio no oficial?. Lo cierto es que ello hubiese
encrudecido aún más la crisis, ya que nadie lo hubiese entendido y las
manifestaciones y muertes absurdas se hubiesen dado a diario y en grandes
cantidades. La Ley se ha de acatar, seas quien seas. No existe excepción, si no la
misma es nula. No con ello digo que esté bien su expulsión a Costa rica, ya que es
ciudadano de aquella nación y tiene derecho a estar en la misma según el Derecho
Internacional.
El depuesto presidente, para apoyar su causa individual, y aferrarse al poder aún con
superglue, anunció que volvería al país, acompañado de otros presidentes de estados
americanos, que lo refrendarían y ya de paso legitimarían a los que se manifestaban a
su favor. Hizo nulo caso, cuando por el bien de la población, no lo hiciera, ya que ello,
provocaría un tenso enfrentamiento civil, que llevaría a la muerte de muchos
ciudadanos. La reciente historia nos reveló que jamás le importó, y se presentó. Una
vez expulsado, ¿no creen que es un tanto descarado gastarse 80 mil dólares en
alojamiento, vestuario y demás, a cargo de las cuentas del estado hondureño, máxime
si el 70% de la población está bajo el umbral de la pobreza y Honduras es el tercer
estado más pobre de Iberoamérica?. El señor Zelaya no creo que piense lo mismo,
como tampoco se detuvo a pensar lo grave que podría ser convocar a su pueblo a un
llamamiento a la desobediencia civil. Con ello, poniendo en peligro muchas vidas
innecesariamente, y dejando más que claro, que desde el primer momento su voluntad
estaba revestida de ilegalidad.
A raíz de su exilio forzado, Manuel Zelaya declaró la guerra - imagino que dialécticasocial-
al presidente constitucional Micheletti. Casi unánimemente, la mayoría de los
países, y Organizaciones Internacionales, como la OEA, ONU, U.E. Mercosur, B.M,
BIA, entre otros muchas, no reconocieron el nuevo gobierno constitucional y lo
tacharon de “ golpe de estado”. La OEA aplicando la Carta Democrática
Interamericana, en su Art. 21, expulsó al estado hondureño, como hiciese en su día
con Cuba, acusándolo de rotura del orden constitucional. Lo curioso de la acusación
es que no se menciona el poder militar, sino el civil. Ahora bien, antes de señalar con
el dedo, no sólo se debe escuchar una versión, sino todas las partes implicadas. Estoy
con los embajadores hondureños de Washington así como con el de Bruselas, quienes
afirmaron que tal golpe jamás se dio sino que simplemente se aplicó la Ley Suprema.
Leída la Constitución Hondureña, a mí no me cabe la menor duda.
Luego, la reacción potente de la Comunidad Internacional, a mi parecer fue
desmesurada e inapropiada, ya que estaban otorgando la razón a un señor que es
autocrático, y que deseaba permanecer en el poder aún modificando las leyes a su
beneficio. Si cada vez que un “estado de derecho“, pone coto a sus máximos
mandatarios y estos, al no acatar estas leyes, se la saltan a la “torera” y son castigados
como el resto de ciudadanos, si la Comunidad internacional, dice apoyar la legalidad,
yo me pregunto con máxima preocupación: ¿ a qué legalidad se refieren, a la
individual o a la colectiva?. Bien, la pregunta, aunque de carácter referente al presente
escrito, no parece haber salido del análisis sino que parece ser una referencia a los
mandatarios de los países como EE. UU, Perú, Panamá y Costa Rica, que han
recapacitado de una postura veloz. No me cabe duda, que estos países son los que han
abierto la puerta, por la cual, sin duda, veremos desfilar a otros actores en los
próximos meses.
En cuanto a las elecciones de mañana; imagino que la crisis latinoamericana dictará
crear humo entre la sociedad latina, ya que la convocatoria ya estaba decidida antes
del conflicto, así como el Presidente Micheletti, dijo - y ha cumplido- que en
acatamiento de la Constitución, cesaría el día que se convoquen las nuevas elecciones
y se elija democráticamente al nuevo presidente de la república. Algunos mandatarios
dicen que no reconocerán al presidente que salga democráticamente de las urnas
elegido por el pueblo, ya que quien debe serlo es el depuesto presidente Zelaya. Yo,
no soy de la misma opinión. En un estado soberano, con una democracia reconocida y
aceptada por la mayoría, es el pueblo que mediante las urnas, elige a su presidente
según la Ley, en consecuencia, según esta, el anterior mandatario debe abandonar su
puesto y cederlo al nuevo, según el Art. 42.5, que dice: La calidad de ciudadano se
pierde... por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente
de la República.
Pienso que el gobierno hondureño actual, mediante la consulta, está tendiendo la
mano a la espera que la Comunidad Internacional sin excepción, acepte apretarla.